El impuesto para gravar las emisiones de CO2 llega al parlamento australiano

Redacción 13/09/2011 La fórmula del gobierno laborista para luchar contra el cambio climático pretende instaurar un nuevo impuesto que obligará a las 500 empresas más contaminantes del país a pagar por cada tonelada de dióxido de carbono que emitan.

El proyecto ley contempla un impuesto de 23,6 dólares estadounidenses por tonelada de carbono emitida. El precio aumentará cada año un 2,5% por ciento hasta 2015. Después de esta fecha, se abrirá un mercado de emisiones en el que el precio podrá fluctuar y las empresas podrán venderse sus cupos no utilizados. De aprobarse la ley, será el segundo mercado de emisiones más grande después del de la Unión Europea.

Julia Gillard ha asegurado en el parlamento que el país debe realizar un cambio y que los empleos del futuro están en el sector de las energías renovables, que crearan 1,6 millones de puestos de trabajo en los próximos ocho años.

El proyecto de ley cuenta con la firme oposición de los conservadores, dirigidos por Tony Abbott. Aseguran que el impuesto reducirá la competitividad de las empresas, hará crecer el paro y elevará el coste de la vida con una subida de precios.

El nuevo impuesto afectará a las empresas que emitan a partir de 25.000 toneladas de dióxido de carbono al año. En Australia se calcula que son al menos unas 500.

La ley también incluye un paquete de ayudas para compensar a los hogares por la subida de los precios. Además, la agricultura quedaría exenta y se articulará un sistema de compensaciones para que minas de carbón, siderurgias y empresas de electricidad no queden fuera del mercado.

Australia es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero del Planeta. El impuesto ayudará a reducir las emisiones de C02 un 5% en 2020 y a alcanzar un 80% de reducción en 2050.

El proyecto de ley se someterá a debate durante casi un mes y se votará el próximo 12 de octubre.

Los laboristas cuentan con los votos de los partidos verdes para aprobarlo y la ley entraría en vigor en julio de 2012.