El parlamento australiano aprueba la ley que penaliza las emisiones de carbono

Redacción 13/10/2011 El parlamento australiano ha dado luz verde a la ley que penalizará con un impuesto a las empresas que más contaminan y que tendrán que pagar por cada tonelada de dióxido de carbono que emitan.

Con un estrecho margen, 74 votos a favor 72 en contra, la primera ministra Julia Gillard ha sacado adelante la controvertida ley que grava la emisión de C02 y que supone un importante cambio para combatir el cambio climático.

Australia es uno de los principales países en emisión de gases contaminantes per cápita y el mayor exportador de carbón.

La nueva ley, que debe ser ratificada en el senado, contempla un impuesto especial que gravará las emisiones de C02 y se empezará a aplicar a partir de julio de 2012. Se calcula que el impuesto afectará a unas 500 empresas, las que más contaminan, que deberán pagar cerca de 27 dólares por tonelada de carbono emitida.

El impuesto aumentará un 2,5% cada año hasta 2015, cuando se abrirá un mercado de emisiones de C02, a semejanza del de la UE, en que el precio puede fluctuar y las empresas vender los cupos que no utilizan.

El objetivo es reducir la emisión de gases efecto invernadero. La ley contempla medidas de ajuste para que determinados sectores como la siderurgia no se queden fuera del mercado y paquetes de ayuda para evitar que la población se vea seriamente afectada por una subida de los precios.

La laborista Julia Gillard ha asegurado que era un día muy importante para los australianos que desean un futuro mejor.

La ley se ha aprobado gracias a la justa mayoría de los laboristas y los votos de los verdes. La victoria es importante para Gillard que ha perdido mucha popularidad y sufrido últimamente algunos reveses como el rechazo al endurecimiento de la ley de extranjería.

La decisión de reducir las emisiones de C02 y adoptar medidas contra el cambio climático divide a la sociedad australiana. De hecho, los intentos de aprobar la ley en dos ocasiones anteriores provocaron la caída del anterior líder de los laboristas Kevin Rudd.

Los conservadores sostienen que el impuesto penaliza a las empresas australianas, les quita competitividad y por tanto lastrará las exportaciones. Además aseguran que hará subir los precios de servicios básicos como la electricidad y se notará en la cesta de la compra.

El líder de la oposición, el conservador Tony Abbott, se ha comprometido a eliminar el impuesto cuando llegue al poder.