¿Habrá paz sin justicia? Las mujeres afganas luchan contra la impunidad

Eva Queralt 11/02/2009 Cuando en 2001 Estados Unidos decidía intervenir en Afganistán, uno de sus grandes argumentos era que los talibanes no respetaban los derechos de las mujeres. Ahora, ya no se habla de ellas ni de sus derechos y han quedado desplazadas por temas de seguridad.

Las mujeres afganas son las principales víctimas de la guerra. Pero no sólo de la actual, sino de la sucesión de episodios bélicos que ha vivido el país en los últimos 30 años: invasión soviética (1979-1989), guerra civil (1989-1996), gobierno talibán (1996-2001) e intervención internacional (2001-…). Algunas asociaciones han conseguido unirlas y, superando los antiguos rencores entre etnias, ahora pueden trabajar juntas a favor de la justicia y gritar en contra de la inmunidad de los criminales, sean del bando que sean, que las han condenado al papel de víctimas.

“En estos 30 años de conflicto se ha sufrido mucho, muchas mujeres han sido violadas, empujadas a la prostitución, expulsadas de sus casas, mutiladas… y se ha multiplicado el número de discapacitados y de huérfanos”, explica Horia Mosadiq, presidenta de la Foundation of Solidarity for Justice, una ONG afgana que trabaja por la reconciliación nacional y moviliza a las víctimas de guerra y a la sociedad civil en su petición de justicia.

En la toma de la palabra por parte de las víctimas hay un momento de inflexión. En diciembre de 2006, la ONG Human Rights Watch (HRW) publicaba un informe en que se detallaban los nombres y las acciones de los criminales de guerra en el pasado, especialmente durante la primera mitad de los años 90, la época más trágica. ¿Pero dónde estaban en 2006 –y ahora- estos criminales de guerra? Ocupan la mitad de los escaños del parlamento y altos cargos en la administración del presidente Karzai, en recompensa por la ayuda facilitada a Estados Unidos en la intervención contra los talibanes.

La reacción de los antiguos señores de la guerra ante la publicación de este informe de HRW, que coincidía en el tiempo con la ejecución de Saddam Husein, fue la redacción de una ley de amnistía que les garantizara la inmunidad en el caso de que la comunidad internacional se volviera en su contra. Esta ley no ha sido legalmente registrada, dado que no ha sido ratificada por el presidente Karzai, pero se ha implantado ‘de facto’.

El “no” a la amnistía

Fue a raíz de la redacción de esta ley que las víctimas, sobre todo las mujeres, se organizaron, salieron a la calle y tomaron la palabra hartas de injusticia. Horia Mosadiq, durante su participación en Barcelona en unas jornadas organizadas por la Asociación para los Derechos Humanos en Afganistán (ASDHA), explica: “Antes de la entrada en el país de las tropas extranjeras, los señores de la guerra nos pedían perdón y nos rogaban que no explicáramos a la comunidad internacional las atrocidades que habían cometido en los 90. Tenían miedo, y luego han sido convertidos en héroes por los Estados Unidos y les han entregado gran parte del poder!”.

Foundation of Solidarity for Justice ha organizado manifestaciones contra esta ley de amnistía -algo significativo en un país que durante años no ha tenido libertad de expresión- que han reunido a personas de diferentes etnias en una búsqueda común de justicia. Entre sus gritos se esconden preguntas desgarradoras como “¿Por qué perdonan nuestra sangre derramada?, ¿Quién les ha dado el derecho a perdonar por nosotras?”. Pero no están solas en sus peticiones, la Comisión Independiente para los Derechos Humanos en Afganistán afirma también que “no habrá una paz sostenible sin justicia”.

Naim Nazari, coordinador ejecutivo de Civil Society and Human Rights Network en Afganistán, explica la paradoja: “Tras siete años, los Derechos Humanos, parte fundamental del bienestar social, se han convertido en algo secundario. Sin embargo, Afganistán ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de los Derechos Humanos, pero nadie se atreve a llevar ante la justicia a los responsables de crímenes porque el sistema judicial no funciona”.

Las víctimas no entienden que durante el proceso de paz, especialmente en la Conferencia de Bonn, no se las tuviera en cuenta y que se sacrificara la justicia a favor de una supuesta seguridad que sólo ha llegado a medias.

Como recuerda Morena Mori, responsable de la ONU en Justicia Transicional en Afganistán, “no es un país en situación de posconflicto, sino un país en conflicto”, por lo que la violencia persiste, tanto la militar como la doméstica, que afecta especialmente a las mujeres.

Precisamente, el departamento de Estado norteamericano ha descrito como “dramático” el incremento de acciones de la insurgencia en primavera y verano de 2008, el periodo considerado más violento desde 2001. Kabul no consigue gobernar una parte importante del territorio afgano y los talibanes controlan cada vez más espacio en el sur y este del país, y también aumentan su presencia en el oeste. En algunas zonas del sur, donde la presencia de tropas es menor, los talibanes siguen oprimiendo a la población.

El fotoperiodista Gervasio Sánchez, que ha documentado el conflicto afgano en diferentes periodos, afirma que “aunque parece que el país se ha democratizado, en realidad no ha sido así y el tribalismo sigue muy presente, por lo que la situación para la mujer sigue muy difícil, como víctima de guerra, económica, social, cultural... Aunque la constitución dice que hombres y mujeres son iguales, no es así en la realidad”.

Víctimas dentro y fuera de casa

Afghan Women’s Network (AWN), que agrupa a 60 entidades, ha redactado una propuesta de ley contra la violencia doméstica y espera que la vote el parlamento. Esta macro ONG estudia las leyes afganas para detectar dónde habría que introducir cambios o enmiendas para proteger a la mujer y proponerlos al gobierno. AWN considera que muchos factores (económicos, políticos y culturales) han provocado una cultura común de violencia y de violación de los Derechos Humanos en el país y es por ello que luchan contra acciones que, aunque están prohibidas por la ley, se siguen llevando a cabo con total impunidad, como las bodas forzadas y las infantiles.

La Comisión Independiente para los Derechos Humanos en Afganistán estima que entre el 60 y el 80% de las uniones en el país son matrimonios forzados. En su informe “Human Rights situation in Afghanistan during 2006-2007”, el derecho a casarse libremente y a formar una familia ha sido el más violado en el caso de las mujeres en los últimos años. Para la Comisión, la mayoría de los abusos contra los Derechos Humanos se producen por la falta de seguridad y la violencia relacionada con el conflicto bélico, pero también por la negligencia de las autoridades para hacer cumplir las leyes y una cultura de la inmunidad.

Según este informe, los casos de violencia de género en el seno de la familia son tan numerosos como imposibles de registrar, pero a menudo los que asesinan a sus mujeres son ciudadanos bien posicionados y suelen obtener la libertad fácilmente en un sistema empapado de corrupción. Sin embargo, Afganistán ha firmado la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, en inglés), aunque por el momento las medidas tomadas no van mucho más allá de reservar un 25% de los escaños parlamentarios a diputadas.

Cuando el sistema judicial está tan claramente deteriorado, la justicia transicional es todavía más difícil de implantar. Para Morena Mori, “la justicia es necesaria para la reconciliación nacional, pero en Afganistán el actual sistema no permite procesos justos”.

Un gobierno central débil, paralizado por la corrupción y la economía del narcotráfico, la influencia de los países vecinos, y una falta de estrategia internacional a favor de la democracia real han provocado el aumento de la inseguridad y de la presión de los talibanes sobre la población. “La gente no quiere que vuelvan los talibanes porque quiere libertad, pero en algunas regiones no tienen otra opción que ceder ante la amenazas”, explica Mosadiq. Ante esta situación, se hace evidente que “las bombas y las armas han servido para muy poco –añade Gervasio Sánchez-, por lo que la solución pasa porque la sociedad civil empiece a tomar la palabra y especialmente las mujeres”.

A corto plazo, la esperanza de las víctimas está puesta en las elecciones presidenciales previstas para agosto de este año y confían en que la comunidad internacional impulse a candidatos que no tengan las manos manchadas de sangre para que por fin se rompa la inmunidad de los criminales de guerra. La población civil, dicen las ONG, ya sabe a quién no debe votar.