La inseguridad y la pobreza impiden el avance de los derechos de la mujer afgana

Eva Queralt 06/04/2010 Las mujeres y niñas de Afganistán se ven cada día más amenazadas por los extremistas mientras el gobierno de Hamid Karzai no hace nada para impedirlo. Ésta es la principal conclusión del informe de la organización internacional Human Rights Watch “We have the promises of the world: women’s rights in Afghanistan”.

Human Rights Watch (HRW) ha publicado un informe para recordar al mundo que la situación de las mujeres en Afganistán está empeorando. A pesar de las promesas recibidas en 2001, la ONG considera que siguen violándose los derechos humanos más fundamentales de las afganas.

A lo largo de sus casi cien páginas, este informe recopila casos de cinco tipos de violaciones de los derechos humanos que, para la ONG, se repiten de forma constante. Éstos son los ataques contra las mujeres en la vida pública, la violencia de género, los matrimonios forzados, las dificultades para acceder a la justicia y también a la escuela secundaria.

A pesar de que la situación de las mujeres fue uno de los grandes argumentos para la intervención internacional en el país, las posiciones pragmáticas y posibilistas de los aliados, junto con el avance de la influencia fundamentalista en el gobierno han hecho que las afganas hayan pasado a ser la última prioridad en el actual contexto bélico.

Así, los avances conseguidos desde 2001 en cuanto a educación, sanidad o libertades, vuelven a dar marcha atrás. Y mientras, el gobierno y la comunidad internacional muestran una predisposición común para abrir un diálogo con los insurgentes. Si se entablan negociaciones, aquellos que han sembrado el país de crímenes en las últimas décadas no sólo quedarán impunes sino que pueden incluso recuperar poder político.

El informe de HRW recoge testimonios y opiniones de diputadas afganas que corroboran la opinión de que hay una creciente impunidad, especialmente después de ver cómo varias mujeres destacadas por su lucha por las libertades han sido asesinadas, como Sitara Achakzai en 2009, sin que se hayan producido detenciones ni juicios por ellos.

Aunque las denuncias son escasas, una encuesta presentada por la ONG sobre el nivel de violencia contra las mujeres concluye que el 52% de ellas sufre ataques físicos y el 17% ha sido víctima de abusos sexuales. La lucha contra esta situación ha llevado a que por primera vez la ley tipifique la violación como delito, pero el gobierno tiene poca voluntad en que la teoría se convierta en práctica.

Tampoco se cumplen las edades mínimas legales para el matrimonio, que es de 16 años en el caso de las mujeres. Según las encuestas del informe, en más de la mitad de los matrimonios las esposas no alcanzan esta edad y en más del 70% de los casos ellas no han consentido la unión.

A estas niñas y mujeres no les serviría de nada acudir a la justicia a denunciar su situación. De hecho, más de la mitad de las detenidas en Afganistán están acusadas de “crímenes morales”, como el adulterio, escapar de casa, abandonar al marido, etc.

En este sentido, HRW recoge unas declaraciones de Soraya Sobhrang, comisionada para el Desarrollo de los Derechos de la Mujer de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán. Sobhrang señala que diga lo que diga la ley, la policía y los jueces siguen considerando legítima la violencia contra la mujer. Así, aunque una afgana haga el esfuerzo de denunciar su caso, ve bloqueado su acceso a la justicia.

Por ello Sobhrang reivindica que junto a los cambios legales haya una predisposición a cambiar las actitudes de los hombres y las costumbres arraigadas en la sociedad afgana que atacan a la mujer.

Norah Niland, responsable de la unidad de Derechos Humanos de la Misión de Asistencia de les Naciones Unidas a Afganistán (UNAMA), explicaba a asiared en un reciente encuentro en Barcelona los lazos entre violencia, injusticia y derechos: “La falta de justicia hace retroceder en los logros relacionados con los derechos humanos, y en Afganistán ambas deficiencias, justicias y derechos humanos, son consecuencia del largo periodo de violencia que ha vivido el país”.

Para Niland, “la pobreza, junto a la inseguridad, son el peor problema de la sociedad y el origen de muchos otros, incluida la discriminación de las mujeres”. En Afganistán, ella considera que no se trata de una pobreza crónica, sino evitable y en gran parte basada en la desigualdad provocada por le conflicto.

También en ello tiene parte de culpa la falta de acceso a la educación, otra de las promesas recibidas que no se cumplen. La destrucción de escuelas para niñas por parte de los talibanes ha supuesto un retroceso en este ámbito. Las niñas que asisten a la escuela primaria siguen siendo una minoría, pero las cifras caen aún más en el paso a secundaria, donde sólo llegan el 11% según HRW, un porcentaje claramente inferior al masculino.

Como ejemplo de la poca predisposición de las actuales instituciones afganas en mejorar la situación de la mujer, en 2009 el presidente Karzai ratificó una ley aprobada por el parlamento sobre el estatuto de la familia chiita. Gracias a las protestas, tanto dentro como fuera del país, se suprimieron algunos de los artículos más opresores, pero se mantuvieron otros que limitan drásticamente la libertad de movimiento de las mujeres chiitas o las excluyen del derecho a la patria potestad.

Para muchos, esta ley fue la prueba concluyente de que las promesas realizadas en 2001 no se cumplirán. HRW incluye en su informe varias recomendaciones para que el país se dirija hacia el respeto de los derechos humanos de las afganas, pero el creciente peso de los islamistas radicales en la política pone en serias dudas una mejora de la situación, al menos a corto plazo.

En palabras de Norah Niland, Afganistán es hoy probablemente el peor lugar del mundo donde una niña puede nacer.