La dictadura birmana se disfraza de civil

Eva Queralt 26/10/2010 Birmania, el país que vive bajo una de las dictaduras más duras y prolongadas del mundo, se encuentra inmersa en un proceso de cambio justo veinte años después de las últimas elecciones celebradas en el país. El resultado de esos comicios, que ganó la oposición democrática, fue literalmente obviado por un gobierno militar que ya estaba en el poder desde el golpe de estado de 1962.

Ahora, la junta militar afirma que lleva a cabo una verdadera transición democrática, pero fuera del país y entre la oposición democrática birmana domina el escepticismo cuando no el rechazo frontal.

Rubén Campos, oficial de programas del Club de Madrid y experto en Asia Meridional, justifica esta falta de credibilidad por la trayectoria de la junta, que “ha estado llena de supuestos procesos formales democratizadores y ninguno de estos intentos ha llevado a una mayor apertura política ni a la mejora de los derechos humanos para la población birmana”.

Uno de los momentos culminantes de este proceso es la celebración de comicios el 7 de noviembre. Estas elecciones representan la quinta fase de una transición basada en siete pasos. Tras dictar una nueva Constitución en 2008 y celebrar estos comicios, los dos últimos pasos de esta hoja de ruta serán la creación del parlamento y la elección del presidente.

Pero este proceso, para David Scott Mathieson, investigador de HRW sobre Birmania, es sólo una operación cosmética. Según él, la junta aprendió una lección clave en las elecciones de 1990 -que perdió y anuló-, por lo que lleva 20 años preparando una especie de reformulación del sistema que les permita perpetuarse en el poder.

Esta mutación consiste en convertir el poder militar en civil. La Constitución de 2008 reserva a representantes del estamento militar un cuarto de los escaños del parlamento y un tercio en la Cámara Alta, además de los ministerios clave. Y para controlar el resto, en los últimos meses los principales miembros de la cúpula militar y decenas de oficiales del ejército han dimitido para poder así concurrir como candidatos civiles a las elecciones.

La nueva ley electoral, en cambio, dejaba totalmente fuera del proceso a la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, ganadora de las elecciones de 1990 y líder de la oposición democrática. Suu Kyi se encuentra bajo arresto domiciliario y ha pasado la mayor parte de las últimas dos décadas privada de libertad.

Se calcula que más de 400 miembros de su partido, la Liga Nacional por la Democracia (LND) están detenidos. La LND, hoy ilegalizada, pide el boicot a unos comicios en los que la mayoría de partidos a los que se ha permitido participar tiene vínculos directos con la junta.

Además, y a pesar de los esfuerzos de Naciones Unidas, la comisión electoral no permitirá la participación de observadores internacionales ni tampoco la entrada de medios de comunicación internacionales para informar sobre el desarrollo del proceso electoral.

País rico, población hambrienta

Pero antes de llegar a este punto de la llamada transición, la junta se ha asegurado seguir controlando la economía, privatizando las principales empresas de un país con grandes recursos energéticos y riquezas naturales, pero en el cual más de un tercio de la población sufre importantes problemas de desnutrición.

El alejamiento entre la junta y la población es enorme, hasta el punto que Mathieson considera que en algunas zonas del país ni siquiera saben que se celebrarán elecciones y que en todo caso, con una gran parte de la población excluida del proceso, a muchos ni siquiera les interesa.

Tal como reconoce el reciente informe presentado por el relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en Birmania, Tomás Ojea Quintana, el desarrollo económico y social del país y la situación de los derechos humanos se ha deteriorado seriamente en las más de cuatro décadas de gobierno militar. Por ello afirma en el texto del informe que “es evidente que Birmania necesita un cambio”.

Sin embargo, reconoce que “las condiciones para la celebración de unas elecciones genuinas en las actuales circunstancias son muy limitadas, por lo que el potencial de estos comicios para desembocar en mejoras significativas es incierto”, y destaca, entre las serias deficiencias del proceso, que siguen encarcelados más de 2.000 presos políticos y que se practica la tortura sistemáticamente.

Históricamente, en todo proceso democrático hay una serie de indicios que apuntan al cambio, explica Rubén Campos, pero en Birmania no se han dado: no hay libertad de creación de partidos políticos, no hay libertad de prensa, no se ha liberado a los presos políticos… “la situación es tan desastrosa, que cualquier iniciativa o mejora será un gran cambio, pero hay que ver todo el proceso desde la desconfianza”.

En cuanto a los derechos humanos y la situación de las minorías, Mark Farmaner, director de Burma Campaign UK, una de las más influyentes y activas ONG en la denuncia de los abusos de la junta, considera que la situación de las minorías étnicas puede incluso empeorar con las nuevas leyes, dado que “aumenta el control del estado sobre la regiones donde viven y los tres ministerios con mayores competencias sobre ellas –Defensa, Fronteras e Interior- seguirán reservados al poder militar”.

Farmaner tampoco confía en la liberación de Aung San Suu Kyi, a pesar de que su actual condena finaliza el 13 de noviembre. Tras ser deliberadamente excluida de todo el proceso por su capacidad de movilización, también Campos cree que aunque sea liberada, en cuanto empiece a reactivar su actividad política volverá a ser arrestada, como ya ha ocurrido en varias ocasiones.

De hecho, Rubén Campos considera que el rol de Suu Kyi, tanto en el país como internacionalmente, está muy por encima de este proceso puntual, y que si en algún momento desde el régimen se planteara un proceso realmente democratizador su papel sería el de una “Mandela birmana” capaz de unificar al país. Con todo, Campos sigue viendo esta posibilidad como realmente remota.

¿Hay espacio para un cambio real?

Aunque el final de la dictadura se siga viendo lejos, Campos apunta que es ineludible introducir reformas reales: “La cúpula militar cada vez está más envejecida y la nueva generación de líderes, para mantenerse en el poder, estará obligada a hacer cambios. Si estas reformas, aunque sean mínimas y controladas, son aprovechadas por la población para encontrar nuevos espacios para presionar al régimen, puede que a medio plazo sí que desemboque en un proceso democratizador”.

El monje birmano U Asin Sopaka declaraba en una entrevista a asiared.com que los monjes budistas preparan “un cambio pacífico, basado en la cultura de la no violencia y en la voluntad del pueblo” que podría movilizar a la sociedad.

Sin embargo, Mathieson es escéptico sobre el poder actual de los monjes budistas y de la oposición. “El problema de los grupos opositores en Birmania es que siempre dicen que ocurrirá algo que luego nunca ocurre. Además, muchos de los participantes de las protestas del 2007 [la llamada Revolución del Azafrán impulsada por los monjes] fueron asesinados o arrestados para enviar un mensaje claro a toda la sociedad, que no se tolerará una resistencia como esa, y muchos todavía tienen miedo a involucrarse de nuevo”.

Ante un gobierno con mano de hierro y una sociedad civil debilitada, la presión internacional podría erigirse como propulsor del cambio. Pero esperar que la comunidad internacional se posicione unánimemente es utópico. La división de sus detractores es uno de los objetivos de la junta y de hecho, para Farmaner, este proceso electoral sólo busca asegurar la continuidad de la dictadura intentando evitar la presión internacional o incluso conseguir una relajación de las sanciones internacionales.

Para Mathieson, también la comunidad internacional debería hacer más presión, pero afirma que el problema “es que muchos países occidentales, especialmente la Unión Europea, no saben qué hacer”. A la vez muchos países vecinos, y especialmente China, tienen grandes intereses económicos en el país y no les interesa una Birmania inestable.

Por ello muchos países se mantienen entre el escepticismo y la expectativa. Como explica Campos, “actualmente ningún país se cree este proceso ni le otorga ninguna legitimidad, pero algunos países mantienen la expectación por si puede abrir nuevos espacios para el cambio a medio plazo”.