Eva Queralt
22/11/2010
Dos meses después de la celebración de las elecciones legislativas y todavía sin resultados oficiales, la Comisión Electoral afgana ha desposeído de sus escaños a 21 diputados electos tras analizar las denuncias por fraude presentadas contra ellos.
Las irregularidades cometidas van desde la introducción en las urnas de votos falsos a la compra de votos o al soborno de funcionarios locales. En el conjunto del escrutinio se han invalidado 1,3 millones de votos.
La confusión que rodea a estos comicios, los primeros tras las polémicas presidenciales que llevaron a Karzai a repetir en el cargo, son una muestra más de la situación en que se encuentra Afganistán, un país donde la presencia de más de 150.000 militares internacionales no consigue implantar la estabilidad deseada.
Sin embargo, en la cumbre de la OTAN celebrada en Lisboa se ha concretado la estrategia de la Alianza para dirigir una transición que debe empezar en 2011 y que tiene 2014 como límite teórico para la retirada de tropas internacionales y para el traspaso del control militar a las fuerzas afganas. La fecha de finales de 2014 coincide con lo propuesto por Karzai en su discurso de investidura, hace justamente un año, tras ser reelegido presidente.
Tras conocer esta noticia, los talibanes han respondido rápidamente que la retirada de la OTAN del país en estos plazos, además de ser irracional, equivale a una derrota internacional. Los talibanes, que se sienten fuertes por sus éxitos sobre el terreno, exigen una retirada inmediata y recuerdan que lo que las fuerzas internacionales no han sido capaces de conseguir en nueve años de intervención –establecer un gobierno estable que controle el conjunto del país- no lo van a conseguir en cuatro o cinco años más.
Desde la OTAN, quizás conscientes de que llevar a la práctica la estrategia de transición puede ser cuanto menos dificultosa, se ha vinculado el proceso de transferencia de poder y recursos al ejército afgano a varias condiciones, como son la capacidad afgana de mantener la seguridad, el desarrollo y la gobernabilidad en cada región.
Con estas premisas, la OTAN quiere asegurarse de que no tendrá que volver a ninguna región que ya haya abandonado, pero en la práctica, en algunas regiones esto supone pedir a las fuerzas e instituciones afganas más de lo conseguido por la comunidad internacional.
Tampoco hay un mapa claro sobre el calendario de retirada. El proceso será progresivo, de localidad en localidad y de distrito en distrito, pero la decisión de cuándo una zona está preparada para la retirada internacional la tomará un comité mixto formado por Kabul y por la ISAF en función de la realidad sobre el terreno.
Esta temporalidad marcada por las circunstancias parece entrar en contradicción con el anuncio de 2014 como fecha final, pero a la vez deja una puerta abierta a reaccionar ante posibles complicaciones en el proceso.
De hecho, lo acordado en Lisboa tampoco significa que más allá de 2015 no queden tropas extranjeras en Afganistán, ya que Karzai y la OTAN han firmado un acuerdo de cooperación a largo plazo sobre seguridad. Esto supone que el compromiso es a largo plazo y que, como mínimo, miles de instructores internacionales permanecerán en el país para reforzar el ejército y ayudar en la gobernabilidad.
El propio secretario general de la OTAN ha querido dejar claro a los talibanes que aunque se traspase el control militar a las tropas afganas en 2014, esto no significa que puedan cantar victoria porque la cooperación internacional se mantendrá mientras sea necesario.
Hamid Karzai, aunque más alejado de Washington que años atrás, necesita que este proceso funcione para legitimarse en el cargo, pero tampoco consigue estabilizar el ámbito político. En las pasadas legislativas se cerraron los colegios electorales de las zonas más inseguras y esta circunstancia afectó especialmente a candidatos de zonas de mayoría pastún.
Ahora, varios diputados de esta etnia, que es también la de Karzai, se han visto afectados por las descalificaciones de la Comisión Electoral por fraude, lo que puede provocar que la etnia mayoritaria del país quede en minoría en el Parlamento. De llegar a este extremo, los pastún podrían no reconocer como válidos los resultados electorales y para Karzai se abriría un nuevo foco de inestabilidad.