Anna Hazare mantiene su huelga de hambre en protesta por la controvertida ley anticorrupción para presionar al gobierno indio

Redacción 25/08/2011 Anna Hazare, que se encuentra en su décimo día de huelga de hambre, ha rechazado las peticiones del propio primer ministro, Manmohan Singh, y de miembros del parlamento para que abandone su ayuno.

Sus seguidores se han manifestado ante la casa del primer ministro exigiendo una ley anticorrupción más dura.

Las negociaciones entre los representantes del activista y el gobierno se han bloqueado. El equipo de Hazare ha rechazado la oferta del ejecutivo por considerarla insuficiente. Hazare mantiene tres peticiones para acabar con la protesta: reducir la burocracia, extender la institución del Defensor del Pueblo a la administración de los estados federales y crear una carta de derechos del ciudadano.

Anna Hazare ha asegurado que sólo cuando estos tres puntos se debatan en el Parlamento para incluirlos en la ley abandonará su huelga de hambre.

El activista, de 74 años, ha perdido cinco kilos y ha rechazado los consejos médicos para que se le rehidrate con un goteo intravenoso.

La protesta de Anna Hazare, que ha aglutinado a gran parte de la opinión pública, ha forzado al gobierno a buscar el consenso con todas las fuerzas políticas y entrar en negociaciones con los partidarios del activista.

El primer ministro, Mamohan Singh, había realizado personalmente un llamamiento para que Anna Hazare abandone la huelga de hambre y le ha enviado una carta en la que se compromete a elaborar la mejor ley posible y lo más rápidamente.

El proyecto de ley anticorrupción, conocido como Lokpal, fue presentada el pasado 28 de julio.

La ley es la respuesta del gobierno a los graves casos de corrupción que han sacudido el país y que han afectado directamente a la administración y al ejecutivo, como la venta fraudulenta de licencias de telecomunicaciones en 2008 que costó al erario público unos cuarenta y ocho mil millones de dólares y forzó la dimisión del ministro.

La nueva ley, que debería aprobarse en el parlamento a finales de agosto, contempla la creación de la figura del Defensor del Pueblo y la posibilidad que los ciudadanos presenten ante esta institución las denuncias por corrupción contra funcionarios de alto grado y políticos, pero no permite investigar al primer ministro ni a altos miembros de la judicatura.

La ley ha sido calificada de insuficiente y ha provocado el rechazo de los partidos de izquierdas y de colectivos de la sociedad civil que se han visto representados por el activista Anna Hazare.

La detención de Hazare, el pasado martes horas antes de iniciar su huelga de hambre, provocó movilizaciones masivas en toda la India. El activista fue puesto en libertad el viernes tras pactar que realizaría una huelga de hambre de 15 días.

La presión de Anna Hazare, un defensor de los derechos civiles que utiliza métodos que recuerdan la figura de Gandhi, han forzado al gobierno a replantearse la ley.

El equipo de Anna Hazare exige un compromiso firme contra la corrupción que afecta a toda la sociedad india. Por ello, además de las reivindicaciones que han realizado las fuerzas políticas para que los magistrados y el primer ministro no tengan inmunidad, exigen que la ley incluya medidas efectivas para acabar con la corrupción en todos los niveles de la administración.

Piden que se redacte una carta de derechos del ciudadano, se reduzca sensiblemente la burocracia y sobre todo que la ley anticorrupción y la institución del Defensor del Pueblo se extienda y afecte también a la administración de cada estado, la más cercana a los ciudadanos. Exigen que se aplique a todos los funcionarios incluso a nivel local, para evitar que la población no pueda acceder a los servicios por el mal funcionamiento de la administración.