El Tribunal Supremo aumenta la presión sobre el gobierno de Pakistán

Redacción 16/01/2012 La decisión del tribunal supremo de Pakistán de citar a declarar al primer ministro, Yusuf Raza Gilani, por negarse a reabrir la investigación sobre corrupción contra altos cargos alimenta los rumores sobre una crisis política y el riesgo de un golpe militar.

Gilani ha sido citado a declarar el próximo 19 de enero. El Tribunal Supremo ha emitido una orden de desacato contra el primer ministro por la negativa a reabrir una investigación sobre casos de corrupción que afectan al presidente, Ali Zardari, y a otros altos cargos del estado amnistiados en 2007 por el general Musharraf.

La decisión del Tribunal Supremo aumenta la presión sobre el gobierno civil de Pakistán tras las semanas de enfrentamiento entre el ejecutivo y el ejército y los rumores sobre un nuevo golpe militar.

El pasado sábado representantes del gobierno y el ejército mantuvieron un encuentro que parecía recomponer las relaciones y alejar la crisis. En declaraciones a la prensa Gilani describió a las Fuerzas Armadas como uno de los pilares del país, sin embargo la decisión del Tribunal Supremo vuelve a poner al gobierno contra las cuerdas.

En las últimas semanas se ha producido un cruce de acusaciones entre el gobierno pakistaní y altos mandos del ejército a raíz de lo que se conoce como “memogate”. La filtración de un supuesto memorandum oficial que demuestra que el gobierno de Islamabad pidió en secreto ayuda a Estados Unidos ante el temor a un golpe militar tras la operación que acabó con la vida de Osama bin Laden en Abbottabad.

El gobierno desmintió la filtración y el primer ministro cesó al secretario de defensa y al embajador de Pakistán en Washington, además de emitir duras críticas contra los responsables del ejército en una entrevista.

El ejército por su parte advirtió al ejecutivo de las consecuencias “potencialmente graves” que podían provocar con su actitud.

La orden de desacato emitida hoy por el Tribunal Supremo puede llevar a juicio a Gilani por negarse a anular la amnistía concedida por Musharraf y que se conoce como ordenanza de reconciliación nacional, ya que fue redactada para facilitar el regreso al país de la ex primera ministra Benazir Bhutto, asesinada durante la campaña electoral a finales de 2007.

El alto tribunal ha declarado inconstitucional la amnistía y esta decisión afecta especialmente al presidente Asif Ali Zardari, viudo de Bhutto, condenado en varias ocasiones por corrupción.