Australia intenta imponer un impuesto sobre las emisiones de C02

Redacción 11/07/2011 La primea ministra, Julia Gillard, ha anunciado en una comparecencia en la televisión el nuevo plan gubernamental para reducir las emisiones de dióxido de carbono, una reforma que los laboristas ya han intentado sin éxito en gobiernos anteriores. El objetivo es conseguir recortar las emisiones de CO2 en 159 millones de toneladas para 2020.

El nuevo plan contempla instaurar a partir de 2012 una tasa equivalente a 25 dólares estadounidenses por tonelada de emisión a las empresas que más contaminan. La medida afectaría a las empresas que emitan a partir de 25.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Se calcula que al menos son unas 500. La agricultura quedaría exenta y se articulará un sistema de compensaciones para que minas de carbón, siderurgias y empresas de electricidad no queden fuera del mercado.

Se ha calculado que la medida repercutirá en los hogares en un aumento de los precios de casi un 1%.

A partir de 2015 se abriría un mercado de emisiones en que el precio podrá fluctuar y las empresas podrán venderse sus cupos no utilizados. Será el segundo mercado de emisiones más grande después del de la Unión Europea.

Si se aprueba, será la reforma económica más importante a la que ha hecho frente el país en la última década.

Australia es uno de los principales emisores de gases efecto invernadero del mundo. Tiene una de las tasas más altas de emisión de dióxido de carbono por habitante. El 80% de la energía la obtiene del carbón y además es un exportador de este mineral.

La primera ministra ha asegurado que el país debe hacer reformas, apostar por cambiar su modelo energético y desarrollar energías limpias.

El proyecto del gobierno incluye la creación de la Agencia Australiana de Energías Renovables y una línea de financiación para el desarrollo de un programa de innovación en tecnología de energías limpias.

Según los datos de 2010, Australia emitió a la atmosfera 577 millones de toneladas de CO2. El plan intenta conseguir que en 2020 se hayan recortado 159 millones de toneladas, lo que supondría un 5% de emisiones menos que en el año 2000.

Sin embargo, la medida es impopular, sobre todo en el mundo empresarial. Sus detractores aseguran que representa una carga de profundidad para la competitividad económica de Australia.

El líder de la oposición, el conservador Tony Abbott, ya ha anunciado una campaña contra la reforma que incluirá movilizaciones en la calle. Desde su página Web advierte que el impuesto supondrá un recorte de las exportaciones, incremento del déficit, subida de impuestos y seguramente aumento de los tipos de interés.

La población tampoco está muy convencida de los esfuerzos que implica reducir las emisiones. Según las encuestas, el 60% de la población está en contra. El impuesto repercutirá al final en los consumidores, que verán cómo los precios suben casi un uno por ciento.

Consciente del rechazo y de su frágil mayoría en el parlamento, la primera ministra ha intentado vender su proyecto en un discurso televisado y pretende convencer a la población con medidas sociales.

Ha prometido que el dinero recaudado se invertirá en la mayor parte en gastos sociales. Desde el gobierno se asegura que repercutirá en una reducción de impuestos para las familias con pocos y medianos ingresos y se incrementarán las pensiones.

La aerolínea de bandera australiana Qantas ya ha advertido que la aplicación de la nueva tasa incrementará sus costes operativos en 122 millones de dólares estadounidenses, hecho que repercutirá en el precio de los billetes.

Actualmente sólo imponen impuestos sobre las emisiones de carbono Nueva Zelanda y la Unión Europea. El presidente estadounidense, Barack Obama, renunció el año pasado a imponer el impuesto en la nueva legislación sobre el clima debido a la crisis económica.