Redacción
16/07/2013
La
sentencia contra Ghulam Azam, de 91 años de edad, presidente del partido islamista Jamaat-e-Islami ha desatado duros enfrentamientos entre la policía y los seguidores de la formación, que además han organizado una huelga general en todo el país. Los disturbios han sido especialmente violentos en la capital, Dacca, y en otras ciudades como Chittagong.
Ayer 15 de julio, el Tribunal de Crímenes de Guerra de Bangladesh condenó al veterano dirigente islamista a 90 años de cárcel por su implicación y connivencia con el genocidio que se perpetró durante la guerra de independencia entre Pakistán y Bangladesh.
El tribunal lo considera culpable a Azam de los cargos de de planificación, conspiración, incitación y complicidad para perpetrar un genocidio y crímenes contra la humanidad. Azam se ha declarado inocente y ha negado los cargos.
Pakistán nació como país independiente en 1947, pero dividido en dos territorios, separados por miles de kilómetros: Pakistán Occidental y Pakistán Oriental, el actual Bangladesh. Durante la guerra por la independencia que se libró en 1971, el partido islamista Jamaat-e-Islami se mantuvo fiel al gobierno y ejercito de Pakistán y contrario a la independencia.
Se ha acusado a sus dirigentes de haber organizado y armado una milicia para luchar contra los independentistas.
Se sostiene que unos tres millones de personas murieron durante los nueves meses que duró la guerra, aunque otras fuentes independientes cifran en sólo medio millón el número de muertos.
El Tribunal de Crímenes de Guerra de Bangladesh fue creado en 2010, aunque no tiene el apoyo de Naciones Unidas organizaciones internacionales pro derechos humanos han asegurado que cumple con los estándares internacionales. Sin embargo la oposición ha denunciado que tiene finalidades políticas para acabar con los grupos opositores a la actual primera ministra, Sheij Hasina.
Tras la independencia y pasado los años Jamaat-e-Islami formó parte de la coalición de gobierno liderada por Khaleda Zia, del Partido Nacionalista de Bangladesh, principal oposición de Sheij Hasina.
En lo que va de año cinco dirigentes de Jamaat-e-Islami han sido condenados por crímenes contra la humanidad y un centenar de personas han muerto en las protestas contra las sentencias.
Mientras que para los seguidores del partido islamista se trata de una persecución política, para los grupos proguernamentales las condenas a prisión son demasiado blandas y exigen la pena de muerte.