Redacción
07/07/2010
La legación de Naciones Unidas en la capital de Sri Lanka, Colombo, se ha visto cercada por centenares de manifestantes que protestaban contra la voluntad de este organismo internacional de investigar los supuestos crímenes de guerra cometidos en la fase final de la guerra contra los tigres tamiles.
En la manifestación, que está liderada por un ministro del gobierno cingalés, se critica la decisión de la ONU, considerada un ataque a la soberanía nacional, y se ha llegado a quemar una imagen del secretario general Ban Ki-moon.
Según Naciones Unidas, en los últimos cinco meses de conflicto armado murieron alrededor de 7.000 civiles. Para determinar si hubo crímenes de guerra, tanto por parte del ejército como de los tigres, y aconsejar qué hacer contra los culpables, Naciones Unidas ha constituido un panel de tres expertos. Sin embargo, el gobierno de
Colombo les ha negado los visados para visitar el país.
El que fue jefe de las fuerzas armadas en la parte final de la guerra, el ex general
Sarath Fonseka, ha afirmado estar seguro de que el ejército cumplió con las convenciones internacionales para este tipo de conflictos.
Fonseka sigue detenido desde que intentó presentarse como alternativa a Mahinda Rajapaksa en las presidenciales en enero, acusado de intentar provocar un golpe de estado.
Tanto Fonseka como el presidente Rajapaksa serían responsables de los crímenes de guerra cometidos en la fase final de la ofensiva, como la ejecución sumaria de los líderes tamiles, de confirmarse las múltiples denuncias recibidas en este sentido desde grupos de defensa de los derechos humanos y desde la Unión Europea.
Ante estas acusaciones, el presidente asegura que organismos extranjeros intentan bloquear el desarrollo de Sri Lanka tras el fin de la guerra y que una investigación es innecesaria en un país democrático y con un sistema judicial independiente.
Ante la ausencia de avances en el respeto de los derechos humanos en Sri Lanka, este lunes la
Unión Europea anunciaba la suspensión con carácter temporal a partir del 15 de agosto de los privilegios de los que ha disfrutado este país hasta la fecha para acceder al mercado del Viejo Continente.
Colombo respondía que las condiciones impuestas por Bruselas a cambio del acceso al mercado europeo suponen una ingerencia en sus asuntos internos.