Redacción
29/08/2011
La salud del activista de 74 años se había deteriorado rápidamente tras los doce días de huelga de hambre. Había perdido más de siete kilos y se había negado a ser rehidratado por goteo intravenoso como proponían los médicos.
El parlamento celebró el sábado una sesión especial para debatir los cambios que exigían los partidarios de
Anna Hazare en la polémica ley anticorrupción, que en teoría debe aprobarse a finales de mes.
Tras las negociaciones con el gobierno, las enmiendas de Hazare se concretaban en tres puntos: elaborar una carta de derechos del ciudadano, reducir la burocracia y que toda la administración este bajo la vigilancia de la ley anticorrupción y extender la institución del Defensor del Pueblo a la administración federal.
El ministro de Finanzas, Pranab Muhherje, ha asegurado que el Parlamento apoyaba el espíritu de las demandas de Hazare, pero que algunas encontrarían su encaje dentro de la constitución y no en la ley.
Los partidos políticos y personalmente el propio primer ministro, Mammohand Singh, habían pedido a Anna Hazare que interrumpiera su huelga de hambre y no pusiera en peligro su salud. El activista había condicionado el
fin de su huelga de hambre a que el parlamento debatiera sus reivindicaciones.
El proyecto de ley anticorrupción, conocida como Lokpal, fue presentado por el gobierno a principios de agosto y en teoría debe aprobarse el 30 de agosto.
La ley fue ampliamente criticada por los partidos de izquierdas y la sociedad civil, por considerarla insuficiente. La Lokpal contempla la creación de la institución del Defensor del Pueblo a la que los ciudadanos se pueden dirigir para denunciar los casos de corrupción. La principal queja, que el gobierno al final considera que se puede solventar, es que el primer ministro y los altos magistrados tenían inmunidad y quedaban exentos de una posible investigación.
Las reivindicaciones de Anna Hazare proponen una lucha más firme contra la corrupción y que toda la administración quede sometida a la ley para evitar la corrupción de la pequeña burocracia que afecta directamente a los usuarios de la administración y que hace muchas veces imposible acceder a sus servicios.