Redacción
11/05/2011
El Tribunal Supremo de la India ha rechazado la petición presentada por el gobierno y por la policía federal para reabrir el caso de la tragedia de Bhopal y juzgar por
homicidio involuntario a los responsables, lo que permitiría imponerles penas más duras.
La petición para reabrir el caso se presentó tras la sentencia emitida en junio de 2010, 26 años después de la fuga de gas tóxico en la planta de Union Carbide, que condenaba por negligencia a siete de los antiguos directivos de la empresa. Las penas impuestas por esta condena fueron de sólo dos años de prisión, lo que despertó la indignación entre las víctimas y el conjunto de la población india.
La noche del 2 al 3 de diciembre de 1984, una fuga de gas tóxico en la fábrica de pesticidas de Union Carbide en Bhopal provocaba, según los datos oficiales del gobierno, 3.500 muertes en las primeras horas y 15.000 a posteriori. Otros cálculos sitúan entre 7.000 y 10.000 las víctimas que fallecieron en las primeras 75 horas y otras 15.000 en los siguientes 20 años a consecuencia de las secuelas.
La contaminación provocada por la fuga de gas tóxico sumada a la que generó el abandono de la fábrica con los residuos tóxicos incluidos disparó el número de cánceres y malformaciones de fetos en la región. La tragedia de Bhopal se considera el peor accidente industrial de la historia.
La fuga de gas tóxico se debió a problemas de mantenimiento, pero los directivos norteamericanos de la empresa huyeron del país inmediatamente. Sólo algunos de los directivos indios han sido finalmente juzgados por la vía penal bajo la acusación de negligencia.
Estos directivos habían sido acusados en un primer momento de homicidio involuntario, pero en 1996 un tribunal rebajó la acusación a negligencia. Por ello el gobierno presentó un recurso para reabrir el caso e intentar que fueran nuevamente juzgados por homicidio involuntario, en cuyo caso las penas pueden alcanzar los diez años de prisión.
Sin embargo, el Supremo ha considerado que el recurso se basa en un argumento “falso y erróneo”, y que no se ha dado “una explicación satisfactoria” para justificar esta petición después de tanto tiempo.
Las víctimas se han mostrado muy decepcionadas por esta nueva decisión judicial.
En diciembre pasado, el gobierno indio también pidió la revisión de la sentencia que determinó las compensaciones económicas que la compañía norteamericana, hoy filial del gigante Dow Chemical, debía pagar a las víctimas, y que ascienden sólo a un total de 470 millones de dólares en total. El gobierno reclamó aumentarlas a 1.100 millones.